En el Palacio de Lecumberri, empleado hace décadas como cárcel contra los disidentes políticos, fue anunciada la política de verdad y memoria respecto del período de la Guerra Sucia que habrá de implementarse en los siguientes años. Ésta incluyó, entre otros, la firma de un convenio entre el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de la Ciudad de México, para avanzar en la publicación de los expedientes de disidentes políticos que acumularon las agencias de seguridad del Estado mexicano.
Una de las claves en lo que viene será asegurar la colaboración de las Fuerzas Armadas, hoy notoriamente empoderadas. Es imprescindible preservar y transparentar el archivo del Estado Mayor Presidencial, disuelto en aceptación a su oscuro historial; también es fundamental que se transparenten los archivos militares sobre las detenciones realizadas en el Campo Militar Número 1 y que se reconozca la responsabilidad castrense ante eventos que han marcado la historia de México como la propia masacre del 2 de octubre de 1968. Las Fuerzas Armadas deben, por fin, reconocer ese pasado ante la sociedad y las víctimas; no haberlo hecho hasta ahora ha contribuido, sin duda, a su participación en graves violaciones y crímenes atroces durante estos lustros de guerra contra las drogas. Hay una clara línea de continuidad entre el Ejército que no reconoce lo que hizo en los setenta con el que no reconoce lo que ha hecho en años recientes y que se niega a acatar incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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