l viernes pasado, mientras la atención de la opinión pública se concentraba en la resolución de la SCJN sobre la consulta popular para investigar a los ex presidentes, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que otorga a la Marina la supervisión, control y manejo de todos los puertos del país, así como del comercio marítimo. Con una argumentación que apela a la austeridad, la eliminación de la duplicación de funciones y la necesidad de un mayor orden en las actividades portuarias, la reforma genera nuevos motivos de preocupación al hermanar otra vez la seguridad y la militarización, asociación que ya parece ser un sello identitario de la 4T.
A la reforma portuaria le acompaña el proyecto de reforma que el Partido Encuentro Social, aliado de la bancada de Morena en el Congreso, ha presentado. En él se establece que las fuerzas armadas podrán colaborar en las tareas de la seguridad sin cortapisa de temporalidad, lo cual les concedería la posibilidad de realizar labores de seguridad pública de manera permanente.
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