La desaparición de estos fondos acarreará implicaciones directas en la vida de miles de víctimas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo, personas de carne y hueso que ya han visto sus derechos fundamentales afectados y quienes por defender y promover derechos humanos – incluyendo el derecho a la libertad de expresión – se encuentran en una situación de riesgo.
Hablamos de 1,206 personas cuya seguridad está en riesgo por su labor de defensa y promoción de derechos humanos. Se trata de personas concretas, reales, personas con rostro, como los integrantes de una familia con cuatro personas desaparecidas que, en su búsqueda, ha emprendido una labor de acompañamiento a otras personas que también han visto impactada su vida por la desaparición y así se ha convertido en defensora de derechos humanos. Esta familia, acompañada por el Centro Prodh, ha enfrentado diversos riesgos por sus acciones de búsqueda y ha tenido que recurrir a medidas del Mecanismo para poder resguardar su seguridad.
De aceptar las reformas a estas leyes y la disolución de estos fondos, el Estado mexicano estará violando un principio básico del marco normativo de derechos humanos, el principio de no regresividad.
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