Esta evidencia nos da pie a identificar cinco problemas principales:
- A pesar de la cifra negra, las fiscalías presentan altos niveles de congestión que se traducen en investigaciones sin resolver o que son enviadas “al cajón”, a la espera de que los delitos prescriban.
- Sin planes de persecución penal que racionalicen la acción penal, optimicen el uso de los recursos y formalicen las prioridades, los incentivos de los ministerios públicos están orientados a prolongar los casos o, en su defecto, a buscar su cierre a como dé lugar, y no al esclarecimiento de los hechos y resolución de los conflictos penales.
- Si los casos se siguen estudiando de manera aislada y sin un análisis de contexto —es decir, si no se toman como parte de fenómenos criminales complejos—, las investigaciones seguirán siendo limitadas. Hoy no se está todavía en condiciones de apostar por la desarticulación de estructuras criminales y la interrupción de patrones delictivos.
- Se necesita construir modelos investigativos eficaces, con policías competentes y servicios periciales que funcionen, de lo contrario, la investigación criminal seguirá siendo mayormente entendida como el mero hecho de adjuntar constancias documentales a un expediente.
- Finalmente, si policías y fiscales no observan adecuadamente el debido proceso y atienden los controles judiciales, las investigaciones no lograrán siquiera judicializarse, y las fiscalías seguirán siendo el abismo donde quedan ‘atrapados’ los casos.
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