Todo esto sucede pese a la existencia de un Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que desde su creación en 2012 sobrevive muy a pesar de los gobiernos en turno. Dicho Mecanismo, resultado de la lucha de organizaciones y periodistas, tiene (todavía) un Fondo de Protección bajo la forma de Fideicomiso Público. Ese Fondo sirve para dar medidas de seguridad duras: escoltas, cámaras de videovigilancia, reubicación de domicilio, chalecos antibalas y hasta automóviles blindados. A la par, ha sido auditado hasta el cansancio con observaciones francamente menores. Gracias a ese dinero se salvó la vida e integridad de 1304 personas, de las cuales 418 son periodistas y 886 son defensoras de derechos humanos.
Pero ese fideicomiso va a desaparecer. Al igual que otros 108 que permiten financiar actividades de arte, ciencia, deporte y apoyo a víctimas. Bajo la falacia de la opacidad y los malos manejos, sin datos que sostengan esta narrativa, el gobierno obradorista «respetuosamente» exhorta a los legisladores para que los desaparezcan. Morena, no exento de contradicciones internas, cumplirá la orden en el Congreso.
El argumento que justifica la desaparición de fideicomisos es falaz. En el caso de periodistas y defensores en riesgo, así como víctimas, es cruel. Disponer de esos recursos para la emergencia sanitaria, inclusive de forma transitoria, podría entenderse. Sin embargo, no dejaría de ser una disyuntiva atroz: «o la vida de quienes enferman de Covid-19 o la de personas en riesgo por defender derechos humanos o hacer periodismo». No es el dinero o la vida, en este caso la elección es «la vida o la vida».
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