Los pasos que se han dado en la dirección correcta son consecuencia de un modelo de trabajo sostenida en una comisión presidencial que concreta y operativiza la voluntad política de llegar a fondo; una unidad de investigación criminal a cargo de un fiscal independiente que conoce el caso; y una amplia intervención de la asistencia técnica de expertos internacionales independientes. Estos tres pilares son apuntalados con la interacción constante con los propios familiares de las víctimas y los organismos de la sociedad civil.
Reproducir y ampliar este modelo ante otros agravios irresueltos, urge hoy más que nunca. Todas las víctimas en México deberían ser tratadas con la misma dignidad, en procesos donde se avance hacia la justicia y la verdad. Eso no ocurre ahora. La crisis de derechos humanos que ha vivido México continúa y las instituciones del Estado mexicano no están alineadas hacia la atención seria y diligente de esa crisis. Basta con mirar cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfrenta una profunda crisis de legitimidad; cómo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se encuentra acéfala; cómo la Comisión Nacional de Búsqueda no incrementa su presupuesto y no termina de consolidar el mecanismo extraordinario de identificación forense; cómo la Fiscalía General de la República y las Fiscalías estatales no suscriben el protocolo homologado de búsqueda; y cómo las Fuerzas Armadas, empoderadas hoy como nunca antes, siguen siendo renuentes a rendir cuentas en casos de violaciones a derechos humanos. Todo esto al tiempo que las desapariciones o los homicidios no dejan de ocurrir, con una incidencia alarmante.
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