Gracias a la legitimidad de la lucha de estas familias y a su digna resistencia, se ha logrado la edificación de un andamiaje jurídico-político que involucra a diversas instituciones públicas, que ha permitido analizar la desaparición con imparcialidad.
A seis años de la desaparición de los 43, la principal novedad en este proceso se resume en las claras expresiones de voluntad política que el actual gobierno ha presentado ante los familiares. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos si las acciones antes descritas se han traducido en un avance sustantivo que acerque a los padres a conocer el paradero de sus hijos. La respuesta, sin ninguna duda, es que el camino es aún insuficiente. Enuncio enseguida tres ejes en los que se requiere más profundidad.
Primero. No se ha esclarecido el entorno de macrocriminalidad que imperaba en Guerrero al momento de los hechos.
Segundo. La investigación ha probado la participación, tanto activa como de comisión por omisión, de integrantes de la policía estatal, la Policía Ministerial estatal, la Policía Federal y el propio Ejército. No obstante, hasta el momento, no se ha detenido a ningún elemento de estas corporaciones.
Tercero. Un avance ciertamente muy significativo es la identificación genética de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre en un lugar distinto al basurero de Cocula. Sin embargo, en términos del derecho a la verdad, es imprescindible que mediante un acervo probatorio se genere una nueva narrativa de lo que sí sucedió esa trágica noche.
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