Nadie está conforme con lo que sucede con el uso de la fuerza. Vale reiterar el punto de partida: ninguna de las partes afectadas por la más delicada atribución del Estado tiene un saldo positivo al respecto. Un modelo comprehensivo de rendición de cuentas que cito reiteradamente, promovido por la ONU, enseña la clave del asunto, desde la perspectiva del control democrático de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana: los controles sobre el uso de la fuerza deben ser varios y simultáneos.
La policía y las fuerzas armadas en tareas policiales deben aplicar controles internos, luego están los controles de los fiscales y los jueces; los controles administrativos de otras entidades públicas, por ejemplo, el sistema anticorrupción; el poder legislativo es otro control externo, a través de la fiscalización del poder ejecutivo; otro más son los organismos públicos de derechos humanos nacionales e internacionales y luego están los controles informales, es decir, la sociedad en general, los medios y las redes sociales.
El uso de la fuerza es de tal riesgo para todas y todos, comenzando por las instituciones que ejercen la atribución, que merece todos los controles simultáneos posibles, toda la vigilancia posible. ¿Las policías más vigiladas son las que mejor documentan, evalúan y mejoran el uso de la fuerza? Sin duda, según nuestra perspectiva; sin embargo, ese acuerdo no parece existir en la práctica en México, más allá de lo que ordenen las leyes.
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