De acuerdo con diversos estudios, algunas de las manifestaciones de la captura del Estado son:
- La flexibilización de leyes para “suavizarlas”.
- El debilitamiento de las instituciones reguladoras.
- La interferencia indebida en procesos de elección popular.
- La utilización de la fuerza pública (Policía, Ejército, Marina, Guardia Nacional, por ejemplo) para defender proyectos privados y actuar contra las comunidades.
- La implementación de estrategias de empleo precario.
- La manipulación de comunidades mediante la siembra de discordia ante procesos de decisión popular, por ejemplo, frente a la instalación de proyectos extractivos.
- La aparición de las llamadas “puertas giratorias”, es decir, los intercambios de posiciones de los principales puestos de formulación de políticas de los poderes ejecutivo y legislativo y de las agencias reguladoras hacia el sector privado, o viceversa, dentro de un mismo sector de la economía.
- El cabildeo. Acciones de diversos grupos de interés para influir en políticas públicas o la formulación de leyes. Muchas veces esos grupos de interés están bien organizados y financiados en empresas dedicadas exclusivamente a eso y son dirigidas por ex funcionarios públicos quienes conocen los procesos regulatorios y de asignación de permisos.
- El “capitalismo de cuates”, por ejemplo, el financiamiento público a empresas por medio de subsidios directos y/o exención de impuestos, en la asignación de contratos y obra pública directos, sin procesos de licitación abiertos ni transparentes a personas u organizaciones ligadas al funcionario/a público/a, o el financiamiento ilegal de campañas políticas a cambio de favores.
- La diplomacia económica, es decir, cuando un Estado impone los intereses de sus corporaciones por encima de las necesidades y derechos de los países en los que opera.
- La privatización de los servicios públicos, origen de las fortunas millonarias en el caso de muchos magnates mexicanos.
- La manipulación de la ciencia (por ejemplo, para financiar estudios académicos que nieguen la responsabilidad de los combustibles fósiles en el cambio climático), de las narrativas y de los medios de comunicación.
Aunque existen herramientas desde el sector público para comenzar a frenar los abusos empresariales a los derechos humanos, como los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, un conjunto de reglas voluntarias que deberían seguir las compañías y los Estados en todo el mundo, hace falta ir mucho más allá para combatir la captura del Estado. Es necesario crear nuevos acuerdos y medidas obligatorias que reduzcan la brecha de poder entre el sector público y privado, que ataquen el problema de raíz y eso pasa también por explorar nuevos caminos que lleven a desmontar estructuras que blindan al sector privado y consolidan la arquitectura de la impunidad, estructuras tales como el secreto bancario, los paraísos fiscales, las abusivas y secretas cláusulas comerciales y los tribunales internacionales de arbitraje privado.
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