Sin embargo, el anuncio de la investigación fue errático. El Presidente de la República encomendó la indagatoria a la propia Sedena, como si el fuero militar no hubiese sido acotado desde 2014 justamente para impedir que se extendiera sobre casos como este. El General Secretario, por su parte, señaló que correspondía a las instancias civiles, aunque indicó que las primeras diligencias las realizaría personal de la Procuraduría de Justicia Militar, reproduciendo una práctica contraria a los derechos humanos que se ha documentado en casos como Tlatlaya, pues cuando las primeras diligencias las realizan los castrenses, propenden a manipular la evidencia. Entretanto, la Fiscalía General de la República, que tendría que investigar los hechos, se ha abstenido de pronunciarse mostrando de nuevo la autoinhibición en que suele incurrir cuando se trata de indagar abusos castrenses. Para terminar de complejizar el panorama, la Fiscalía de Tamaulipas ha seguido filtrando selectivamente información y en una salida tardía, tibia y equívoca, la CNDH ha pedido a la Sedena investigar el caso, ignorando en los hechos los estándares internacionales que obligan a que la indagatoria se realice en el ámbito civil. Entretanto, los familiares enfrentan un duro duelo, esperando justicia, verdad y que el nombre de sus seres queridos sea limpiado.
Los hechos de Nuevo Laredo nos recuerdan que los abusos militares continuarán, pese a las órdenes y declaraciones, en tanto no haya controles externos civiles sobre las Fuerzas Armadas, que aseguren la investigación y sanción de las violaciones a derechos humanos.
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