El problema es que el uso político y la exhibición mediática de los eventos relacionados con presuntos delitos trastoca de manera relevante y pone en riesgo objetivo la viabilidad jurídica de las acusaciones que eventualmente llegarán a la justicia. En concreto, esta manera de utilizar la información con la que cuentan las autoridades viola el principio de presunción de inocencia y tiene un efecto corruptor sobre las investigaciones judiciales.
De hecho, cuando el juez advierta que el “efecto corruptor” ha tenido lugar, según la propia Corte, “deberá decretar la invalidez del proceso y, al no haber otras pruebas que resulten incriminatorias, decretará la libertad del acusado.” (Amparo directo en revisión 517/2011). En síntesis: el uso mediático y político del llamado “caso Lozoya” podría terminar con la impunidad de quienes hubiesen cometido actos delictivos.
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