El primer evento fue la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres y la creación en la misma sesión de la Secretaría de Igualdad Sustantiva con el Congreso rodeado de policías, en ausencia de la oposición y con una convocatoria amañada. No muy distinto fue el nombramiento de los Consejeros de la Judicatura, en la madrugada, de espaldas a la gente y los organismos que ellos mismos habían convocado para hacer un proceso abierto y transparente que ellos mismos traicionaron. Ahora pretenden aprobar una Ley sobre Desaparición Forzada sin escuchar a los familiares de las víctimas.
Uno puede entender -no justificar ni compartir- que hagan ese tipo de triquiñuelas legislativas cuando lo que va de por medio es la acumulación de poder y la gestión de gobierno. Pero cuando se trata de hacer una ley que facilite la búsqueda de personas desaparecidas, no escuchar a las víctimas, que llevan dos años trabajando en ello, es un acto de soberbia. Cuando se habla de doble victimización, primero por el crimen organizado y luego por las instituciones del Estado, es justamente esto, el hecho terrible de que las víctimas tiene que sufrir, además de la pena por su pérdida, el maltrato de los funcionarios de gobierno.
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