Colaboradores míos en México Evalúa dieron seguimiento a lo que sucedió con la aprehensión de los familiares de El Marro hace unas semanas. Su análisis nos permite conocer las fallas en las que incurrieron las Fuerzas Armadas, que en buena medida explican el desenlace. No son ellos –los jueces– sino los elementos de las Fuerzas Armadas, los que incurrieron en errores. Con todo respeto para el general Sandoval, hay muchas cosas que los militares deben elaborar y resolver para que una aprehensión cumpla con la ley. Es entendible. Su función no es ésa. Han sido entrenados para otras cosas. No podemos pedirles que de la nada circunscriban sus acciones a reglas que no son las de la guerra o la persecución del enemigo.
En el ámbito civil existen otros parámetros. El ‘detalle’ es que hay derechos que deben salvaguardarse. En la captura de los familiares de El Marro existieron anomalías que no dejaron margen al juez, que tuvo que determinar su libertad. La más notoria es que ingresaron al domicilio en el que se encontraban los familiares del capo sin orden de cateo. La intervención la realizaron a las 16 horas. La orden de cateo se liberó hasta las 18:31. Puedo entender la frustración de los elementos que intervinieron en este operativo, y la de sus mandos. El general secretario debería fustigar a quienes se dilataron en obsequiar dicha orden, no al juez que encontró una irregularidad en el proceso y decretó la detención como ilegal.
¿O qué queremos, que los jueces se ignoren las reglas procesales básicas?
Este caso también reveló una serie de fallas que delatan la falta de coordinación entre los elementos castrenses y las instituciones civiles de procuración de justicia. No se entienden entre ellos, simplemente. Grave problema, porque ha recaído sobre las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la seguridad pública. Y deben y pueden hacer lo que a cualquier policía le corresponde, pero sin entrenamiento para ello. Éste es el meollo del asunto. Ojalá que así lo reconozca el secretario.
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