En un comunicado firmado el 20 de julio, el comité presidido por la Mtra. Rosa María Cruz Lesbros, apunta cinco supuestos necesarios para no perder esta “oportunidad invaluable” en un caso que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción: es fundamental una clara separación entre justicia y política. Uno de los grandes retos del gobierno de López Obrador, es no caer en la tentación del manejo político del caso, y menos como el as bajo la manga para una campaña electoral; será otra gran prueba para fortalecer la autonomía de la Fiscalía, el aislamiento de consideraciones políticas; la recuperación de activos marcará un nuevo rumbo, esto va de la mano de la restauración de la confianza pública y marcar de manera contundente una diferencia con otros gobiernos que daban por terminado el proceso en poner a los actores tras las rejas; la máxima transparencia en todas las partes del juicio, sí, por la situación de la pandemia se han tenido que adaptar ciertos procesos, pero no puede caber la menor duda de imparcialidad y el destierro de arreglos en lo oscurito –ojalá los primeros 10 días de Lozoya en México no se repitan–; la creación de una nueva legislación en contrataciones públicas, el caso de Lozoya puede ser la guía de lo que no debe hacerse desde el gobierno, citar el caso de la adquisición de Agronitrogenados y Fertinal es una oportunidad imperdible del gobierno, y, por último, la garantía de no repetición.
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