Al igual que en 2018, cuando el más alto tribunal del país dirimió sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior aprobada un año antes, ahora reiteramos la gran oportunidad que representa que la SCJN pueda pronunciarse sobre el referido Acuerdo. En este sentido, reconocemos a las instituciones que haciendo uso de los recursos constitucionales previstos han elevado el tema a la máxima instancia judicial, lo que es positivo en dos sentidos:
Que la SCJN revise un acto de otro Poder de la Unión es un ejercicio básico de contrapesos, democracia y transparencia que debe fomentarse ante una legítima duda sobre la constitucionalidad y convencionalidad de una decisión del Ejecutivo.
La discusión sobre el Acuerdo ocurre en un momento importante para el país. De manera reiterada el presidente López Obrador ha insistido en su instrucción de pleno respeto a los derechos humanos en el accionar de la fuerza pública. Que haya transmitido con absoluta claridad y contundencia esta instrucción es fundamental. Para que este compromiso sea la realidad que todas y todos deseamos, debemos acompañarlo de oportunos mecanismos institucionales. Desde la perspectiva de la ONU-DH, éstos pasan por eficientes mecanismos de prevención y control, rendición de cuentas, lucha contra la impunidad, fortalecimiento de la capacidad de las policías para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública, el involucramiento de todos los niveles de gobierno, el empleo extraordinario, regulado, subordinado al poder civil y complementario de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y el retiro gradual, ordenado y verificable en los próximos años, de las fuerzas militares de funciones que no le son propias.
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