Desde 2017 San Mateo padece un conflicto político electoral que amenaza su sistema normativo interno. El núcleo de pobladores que encabeza la resistencia caracteriza la agresión que sufren como una guerra contra el pueblo y su máximo órgano de toma de decisiones, la asamblea de la cabecera y las agencias municipales, presidida por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas
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El 23 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un diagnóstico sobre el origen de la masacre. “Es –dijo– una confrontación por el gobierno municipal, por un lado son pobladores de la cabecera municipal y pobladores de comunidades. Suele pasar que en los ayuntamientos cuando hay elecciones y queda de presidente municipal alguien de la cabecera municipal, hay el malestar de las comunidades porque se sostiene que lo que llega de apoyo en obras o presupuesto sólo se aplica en la cabecera y no se distribuye en las agencias.”
Sin embargo, en este caso la naturaleza del conflicto es diferente. Los agredidos, además de pertenecer a la cabecera municipal, representan también a otras agencias. La matanza es parte de la ofensiva de los poderes fácticos regionales, funcionales a la industria eólica, para desmantelar o debilitar a los núcleos organizados que se oponen a los megaproyectos y articulan la defensa de su territorio, sus recursos naturales y su cosmovisión, y que han avanzado en una alianza con su vecina Santa María. El asunto se agrava por la construcción del corredor interoceánico.
La masacre de San Mateo del Mar no debe quedar impune.
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