En México, un importante factor que intensifica el riesgo de tortura contra la población en movilidad es la política migratoria basada en una perspectiva de seguridad nacional enfocada en el control, detención y deportación de las personas.
Aunque México cuenta con un marco normativo nacional e internacional en pro de los derechos humanos y en contra de la tortura, lo cierto es que dista mucho de ser realmente efectivo. Al respecto, el gobierno mexicano debería implementar programas eficaces y especializados para la prevención, erradicación y sanción de la tortura; así como de rehabilitación y reparación integral del daño las víctimas.
Estas medidas tendrían que contar con un enfoque interseccional que permita atender las necesidades particulares de sectores poblacionales en especial condición de vulnerabilidad como lo son las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Solo de esta forma podremos avanzar hacia una política nacional realmente respetuosa y garantista de los derechos humanos.
*Lea el artículo completo en Animal Político