El objetivo social de alcanzar un régimen político comprometido sin ambages con la justicia ambiental continúa sin visos de realización. Con ello me refiero no sólo a los megaproyectos que impulsa el actual titular del Poder Ejecutivo, sino también a su falta de voluntad política para investigar los numerosos crímenes ambientales cometidos en el denominado periodo neoliberal
, los cuales profundizaron la degradación de diversos ecosistemas regionales y ejercieron múltiples formas de violencia contra poblaciones vulnerables.
El caso más reciente lo encontramos en la resistencia no violenta que comunidades del municipio de General Cepeda, Coahuila, han desarrollado desde hace años para detener la imposición de un confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos en el corazón del ejido Noria de la Sabina.
Así, con dos permisos irregulares que han sido anulados gracias a la defensa jurídica emprendida por los habitantes de la región, hoy Semnsa ha introducido a Noria de la Sabina al menos 80 mil toneladas de basura tóxica y peligrosa. Además de haber engañado y violentado el derecho humano a un ambiente sano, la empresa, sin autorización ambiental válida y confiada en sus amarres políticos, no ha dejado de trabajar ni siquiera ahora en tiempos de Covid-19. ¿Lo seguirá haciendo en tiempos de la 4T o veremos, finalmente, algún destello de verdadera justicia ambiental que nos permita proclamar el comienzo del fin de la impunidad que gozan los grandes ecocidas?
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