• Se han realizado diversas gestiones ante dependencias estatales y federales, gubernamentales y de derechos humanos, sin que hasta la fecha se tenga respuesta satisfactoria.
Boletín OSC/México, D.F., septiembre de 2010
El pasado domingo 26 de septiembre de 2010 se cumplieron tres años de la detención desaparición de José Francisco Paredes Ruiz, defensor de derechos humanos miembro cofundador de la Fundación Diego Lucero A.C., organización que trabaja en defensa de los derechos humanos en México, especialmente para el esclarecimiento de los 1,300 casos de desaparición forzada de personas de la llamada Guerra Sucia, la recuperación de la memoria histórica, la defensa de los derechos humanos y en propuestas de modificaciones legales en materia de derechos humanos.
Como ha sido denunciado por sus hijas, compañeros y organizaciones de derechos humanos, el 23 de septiembre de 2007, Francisco Paredes Ruiz participó en los actos conmemorativos de esa fecha en Madera, Chihuahua, y el día 25 ya estaba de regreso en Morelia.
El día 26 las últimas noticias que se tienen de él son una llamada, a través de celular, realizada a una de sus hijas aproximadamente a las 6 y media de la tarde para avisarle que ya iba hacia su casa, así como visitas a su padre y hermanos. Pero no llegó a su hogar y el día 28 cerca de su domicilio fue localizada su camioneta abierta.
A tres años de su desaparición, se han realizado diversas gestiones ante dependencias estatales y federales, gubernamentales y de derechos humanos, sin que hasta la fecha se tengan respuesta satisfactoria. Es lamentable que a pesar de que el gobierno mexicano es firmante de los instrumentos internacionales que ponen fin a la práctica de la desaparición forzada considerada crimen de lesa humanidad y crimen de Estado, los encargados de impartir justicia en contra de este delito no tengan sensibilidad ante un caso tan grave como el descrito, destacando la negligencia de las autoridades en las horas más valiosas para actuar en defensa de la víctima.
A pesar de múltiples acciones llevadas a cabo por las hijas de la víctima y organizaciones de derechos humanos, no hay avances en las averiguaciones previas de las autoridades judiciales de la Federación y del estado de Michoacán.
Queda demostrado, una vez más, que en México no existen instrumentos jurídicos ni voluntad política para lograr la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Ante la denegación de la justicia en nuestro país los familiares y organizaciones de derechos humanos recurren a las instancias de la justicia universal de manera que se avance en el camino de la verdad y se ponga fin a la impunidad.
En este sentido, es importante destacar la resolución condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, sucedida en 1974 en el estado de Guerrero, al tiempo de alertar sobre las intenciones de autoridades gubernamentales e incluso de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de incumplir y mediatizar la sentencia.
En el México actual en el que el valor de la vida humana se ha degradado y se reactivan graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la aberrante práctica de la desaparición forzada que en los últimos años alcanza a opositores políticos, lideres sociales, activistas de derechos humanos y personas a las que se involucra en actividades del narcotráfico, no se debe de disminuir la exigencia de justicia.
Para nosotros la desaparición de Francisco Paredes Ruiz, como la de todas las victimas de este aberrante delito de lesa humanidad, no es simplemente una cifra más en la estadística de los casos sin resolver; se trata de la vida de un compañero que no debe de ser relegada a la erosión del tiempo, a la gaveta del olvido de la cómplice injusticia mexicana.
También se demanda, en aras de evitar que se repitan casos como el de Francisco, que el Congreso de la Unión retome y apruebe el proyecto de Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, al tiempo que el Senado elimine las dos restricciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que eluden el carácter imprescriptible de este delito de lesa humanidad y garantizan impunidad a los elementos del Ejército involucrados en esos crímenes, al no permitir que sean juzgados por tribunales civiles al acogerse al inconstitucional fuero militar.
¡Presentación inmediata de Francisco Paredes Ruiz!
¡Garantía a su integridad física y psicológica!
¡Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!
¡Libertad a los presos políticos y de conciencia!
¡Verdad y Justicia! ¡No a la impunidad!
Fundación Diego Lucero, A.C.Comité “Hasta Encontrarlos”, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM, Nacidos en la Tempestad, A.C., Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, Comité del 68, Pro Libertades Democráticas, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todos y Todas» (conformada por 70 organizaciones), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, Asociación de los Derechos Humanos del Estado de México, Coordinadora Popular 28 de Mayo, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comité Cerezo México, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Puebla, México., Movimiento Libertario Lucio Cabañas Barrientos (Coahuila), Secretaria de Derechos Humanos del PRD, Coahuila., Izquierda Democrática Popular:, David Cabañas Barrientos, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, Hermenegildo Torres Cruz, Pablo Torres Hernández, Enrique Itehua Salas, Rey Venegas Castro, Italo Ricardo Díaz Díaz, Rubén Díaz Díaz, Bonifacio Ramírez Carmona.