Frente a las protestas que se suscitaron en Guadalajara los días 4, 5 y 6 de junio, la reacción gubernamental tuvo rasgos autoritarios. Estos hechos nos colocan ante un punto de inflexión en el debate público sobre la seguridad y el acceso a la justicia. Ha quedado expuesto, de manera por demás pública, cómo las instituciones de seguridad y justicia -diseñadas para ser funcionales a los diversos arreglos autoritarios- han permanecido ajenas a los avances democráticos conquistados por la sociedad en otros ámbitos.
Estamos ante una ocasión propicia para insistir en una verdadera reforma policial, que comience desde lo local y se proyecte a toda la nación. Las propuestas están ahí y han sido formuladas desde hace años por instancias académicas, especialistas, organismos de la sociedad civil y servidores públicos del ámbito de la seguridad y la justicia que buscan cambios en sus instituciones. Las ideas abundan, pero la voluntad política y el compromiso de largo plazo con políticas que no reditúan electoralmente de forma inmediata, escasean.
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