Ahora veamos el decreto. Recordemos que el verdadero piso firme de toda democracia son los derechos humanos; por eso, bien se puede decir que la democracia en México pareciera avanzar a paso de tortuga. La ya de por sí controversial Guardia Nacional se ve ahora rebasada por el nuevo decreto presidencial que de manera más explícita deposita en las fuerzas armadas la responsabilidad de las labores de seguridad pública. Más que las condiciones del retiro de los militares, el decreto parece justificar y habilitar su permanencia.
Ciertamente, también llevamos 13 años en donde no se ha apostado por el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, lo cual a todas luces ha convalidado el uso del personal militar en el combate a la criminalidad. Esta podría y debería ser una diferencia sustantiva de este gobierno a diferencia de los antecesores, que apostaron sólo a la militarización y no a las instituciones civiles. Sin duda, limpiar, profesionalizar y dotar de mejores condiciones a las policías podría ser un camino más propio de un modelo de seguridad ciudadana anclado en un régimen democrático.
La democracia como régimen político, se caracteriza por ser un sistema de pesos y contrapesos basado en la división de poderes. Si hoy la SCJN evaluara la constitucionalidad y convencionalidad del decreto presidencial, muy probablemente lo declararía como fraude a la Constitución.
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