El derecho al territorio es, entonces, el eje de la disputa. Se trata de un derecho estratégico para la existencia de los pueblos indígenas y para que puedan construir una vida diferente a la que hasta ahora han llevado, sometidos por los poderes económicos y políticos; pero no sólo para ellos, sino también para el resto de la población, porque en sus territorios se encuentra gran parte del capital natural de la nación y ellos –gracias a la relación cultural y de sacralidad que mantienen con ella– los conservan para beneficio de todos.
Es de esperarse que en los próximos días se presente otro proyecto que, hipotéticamente, sea diferente en sus argumentos pero con las mismas conclusiones, o diferente en sus argumentos y en sus conclusiones, con base en el cual los ministros y la ministra de la segunda sala de la Suprema Corte habrán de tomar una determinación. No es un caso sencillo. Las empresas mineras lo saben y presionan para defender sus privilegios, tanto que el Presidente de la República acaba de declarar esenciales sus actividades para que puedan iniciar operaciones aun en la pandemia del coronavirus.
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