Lamentablemente, con el paso de los meses, se acerca el vencimiento del plazo que tiene el Estado para llevar a cabo las medidas ordenadas. Y aunque se ha avanzado en algunas, la impunidad persiste. Quienes ordenaron, propiciaron o permitieron las masivas y graves violaciones a derechos humanos no se encuentran rindiendo cuentas ante la justicia. Además, las medidas que evitarían la repetición de este tipo de eventos, como el fortalecimiento del Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y la creación de un Observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México, se encuentran estancadas.
En estos 14 años, las mujeres de Atenco nos han demostrado que los procesos de justicia y verdad solamente avanzan con el empuje de las personas sobrevivientes y de la sociedad que las escucha y se les une. Ellas lograron elevar un caso que parecía condenado al olvido por la fuerza del Estado hasta la máxima instancia de justicia en el continente y han extendido su lucha para beneficiar a otras mujeres en situaciones parecidas.
Un caso tan notable por su gravedad y por la empeñosa lucha de las sobrevivientes no debe quedar en la impunidad.
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