La falta de posicionamiento claro del gobierno mexicano con respecto a la inclusión de los grupos en movilidad internacional extranjeros en los planes de manejo de la crisis por el COVID-19 nos enfrenta a la posibilidad de que, en el futuro, la postura en este tema decante en medidas nacionalistas y discriminatorias: no existen aún herramientas incluyentes; la respuesta actual tampoco lo es; el riesgo futuro es que esto se profundice y en nuestro procesos de recuperación no apostemos por las personas sin distinción, sino que les excluyamos, omitamos e incluso ataquemos.
En el panorama que se abre, es latente la posibilidad de que estos sistemas excluyentes y persecutorios de la movilidad humana se fortalezcan y legitimen bajo el argumento -socialmente encomiable- del cuidado de la salud; a ello se aúna que la criminalización de la migración puede ser una explicación fácil, unicausal y políticamente redituable a la compleja crisis social, económica, política, de salud y hasta existencial que enfrentaremos. De darse lo anterior, es muy probable, que la protección de los derechos humanos y su espíritu universalista sean subordinados a los fines de los sistemas de control demográficos. Aunque no podemos ahondar en ello, es importante señalar que el miedo y el desconcierto nos pueden llevar a estos lugares.
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