La Ley de Amnistía, desde una perspectiva de política pública, es fundamental para la vida pública del país al menos por las siguientes cuatro razones:
Primero. Beneficia a poblaciones en situación de vulnerabilidad (mujeres, pobreza, indígenas, etc.) que fueron detenidas, procesadas o sentenciadas por un delito no grave. Segundo. Es un golpe a la política punitiva que, como se ha documentado, no es funcional para reducir la incidencia delictiva. Tercero. Puede significar una apuesta para sentar precedentes sobre una nueva política de reinserción social.
Hay que decirlo con todas sus letras: la Ley de Amnistía no es liberar delincuentes, es ofrecer una segunda oportunidad a quienes pudieron equivocarse por algo menor, o porque fueron presionados por alguien más, o porque no se garantizó el debido proceso, pero principalmente es un acto de justicia para las personas que nunca tuvieron por qué haber pisado una prisión.
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