Debido a la naturaleza sanitaria de esta crisis y de las medidas de emergencia promovidas para frenar el contagio, el derecho a la salud, al agua, a la vivienda, a la alimentación, a la educación y los derechos laborales han sido algunos de los más impactados. Esto coloca a los Estados en una situación de prueba respecto de las medidas de prevención y protección que deben adoptar para garantizar estos derechos a todas las personas sin discriminación.
En este contexto es crucial una respuesta estatal que considere los impactos que el incremento de las desigualdades tendrá en el acceso a servicios públicos, al igual que los desequilibrios basados en la edad, origen étnico y género, entre otros.
Dado el escenario actual, es necesario recordar que frente a un estado de emergencia el gobierno mexicano debe adoptar medidas profundas para la protección de todos los derechos humanos que se verían especialmente afectados. Para ello es indispensable que, de acuerdo a sus obligaciones internacionales, el Estado mexicano adopte medidas legales, legislativas, administrativas, financieras y de cualquier índole que permitan disminuir al máximo los efectos adversos que previsiblemente provocará esta crisis sanitaria, sin olvidar que estas medidas tener un enfoque interseccional que proteja de forma sustantiva a los diferentes grupos de la población.
*Lea el artículo completo en Animal Político