A pesar de que no existe evidencia que relacione la implementación de medidas de “mano dura” con la reducción de la incidencia delictiva y de la violencia, en los últimos dos años se han impulsado desde los distintos poderes del Estado la extensión y endurecimiento de diversas acciones penales, tales como el aumento de 40 a 65 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio; la reforma al artículo 19 Constitucional que amplió el catálogo de delitos que ameritan detención preventiva; el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública y el incremento de sus facultades; e incluso, el intento fallido de reforma en materia penal y judicial que, entre otras cosas, proponía la ampliación de la figura del arraigo y el uso de pruebas obtenidas ilícitamente.
El populismo punitivo no es una alternativa viable para reducir la violencia, la inseguridad y el delito. Pero ¿cuáles son las alternativas? A continuación, tan sólo unas ideas:
1) En palabras de Thomas Abt (2019),10 lo primero que hay que hacer es “detener la hemorragia” a través de la focalización de los esfuerzos institucionales en los territorios, personas y conductas que generan la mayor cantidad de violencia.
2) Diseñar políticas públicas de prevención y atención de la violencia basadas en evidencia teórica y empírica que permita la elaboración de diagnósticos territoriales e intervenciones adecuadas a las particularidades sociales de cada microrealidad, asimismo que promuevan la co-construcción de seguridad humana basada principalmente en la opinión, experiencia y propuestas de quienes viven la violencia en carne propia.
3) Recuperar los territorios que han sido apropiados por los grupos delincuenciales a través de intervenciones situacionales y comunitarias que brinden a las comunidades servicios básicos e incentiven la cohesión social mediante el impulso de acciones colectivas.
3) Combatir la impunidad y establecer un verdadero estado de derecho a través del fortalecimiento de las capacidades de prevención, investigación, persecución, procuración de justicia y reinserción social mediante la capacitación, profesionalización y actualización de policías, ministerios públicos, procuradores, fiscales y jueces con enfoques de derechos humanos y perspectiva de género.
4) Dados los recursos limitados con los que cuentan los sistemas de seguridad y justicia, diseñar políticas de priorización de persecución penal que establezcan las prioridades y estrategias para combatir aquellos delitos que tienen mayores repercusiones en la sociedad y proporcionen una respuesta adecuada a cada realidad.