Los esfuerzos legislativos se han plasmado en leyes como la Ley General en Materia de Desaparición, misma que ha promovido la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales de búsqueda y un Sistema Nacional Forense. El proceso de establecimiento de estas entidades públicas representa hoy una de las grandes apuestas del gobierno federal que comienzan a concretarse en algunos esfuerzos plausibles.
No obstante, es indispensable fortalecer la colaboración y confianza entre víctimas e instituciones del Estado y ello sólo será posible en la medida que los esfuerzos legislativos se vean reflejados en la formulación y ejecución de políticas públicas que atiendan adecuadamente a las víctimas y sus familiares, invirtiendo mayor energía y recursos en las labores de búsqueda; y generando conjuntamente procesos de justicia, verdad y reparación.
En un México de víctimas, la única manera de formular políticas pertinentes y efectivas que hagan frente a la ola de desapariciones iniciada desde 2006 es hacerlo desde las víctimas, privilegiando sus exigencias y, sobre todo, su dignidad. Como sociedad civil, a nosotros, ciudadanos de un país repleto de fosas, nos toca llevar a cabo el esfuerzo permanente de no normalizar esta tragedia; nos corresponde atrevernos a mirar y escuchar a las víctimas y sus familiares; acompañar su búsqueda y ayudarles a multiplicar, con un ánimo de empatía y compasión activa, su grito de verdad y justicia.