Sin duda, la discusión sobre el Código Penal Único y la 4T representan una oportunidad para repensar y evaluar las medidas que el Estado ha adoptado para cumplir con su obligación de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero esto debe hacerse reconociendo sus obligaciones con diversos instrumentos internacionales como las convenciones de Belém Do Pará y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la larga lucha del movimiento feminista para que se tomen medidas contra el espectro de violencias que viven las mujeres.
Reconocer los obstáculos y dificultades para judicializar y contar los feminicidios no implica eliminar la tipificación sino entender estos retos para tener más herramientas para enfrentarlos. Uno de ellos ha sido la falta de homologación y ambigüedad en la tipificación, a la cual se podría hacer frente desde la propuesta de código penal único. Mientras la impunidad sea una de las causas por las que se perpetúa la violencia de género, el Estado seguirá violando los derechos de las mujeres a la vida y a la seguridad.