En el marco de la reforma constitucional mexicana en materia de derechos humanos del año 2011, se modificó el texto del artículo 11 constitucional y se expidió la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Esto significó un importante avance normativo en el tema de protección internacional; sin embargo, aún existe una gran brecha entre lo estipulado en la ley y lo que sucede cotidianamente en la práctica.
La legislación mexicana limita el derecho a buscar y recibir asilo a un plazo irrisorio de 30 días hábiles para presentar la solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Si bien se estipula que se podrán analizar casos en los que se expongan los hechos que les impidieron presentar la solicitud en tiempo y forma, lo cierto es que se trata de una barrera que no todas las personas pueden superar.
En este sentido, el plazo de 30 días hábiles resulta un primer filtro que prácticamente anula el derecho de las personas a recibir la protección internacional que buscan y les deja en un riesgo inminente de ser devueltas a su país de origen o de residencia habitual, donde su libertad, seguridad, incluso su vida misma corre peligro.