Los militantes de la UNTA iban acompañados de activistas e integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM), además de campesinos, quienes demandaron a López Obrador el cumplimiento de sus promesas de campaña, en el sentido de cancelar la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto –construidos en la zona oriente–, que conforman el Proyecto Integral Morelos (PIM).
Sin embargo, una de las mayores demandas de los asistentes fue la exigencia de justicia para el activista Samir Flores, opositor al PIM. A 11 de meses de ocurrido, el crimen no ha sido esclarecido y tampoco hay detenidos.