¿Cómo ha enfrentado esta administración los inmensos retos que, en el ámbito de los derechos humanos, le heredaron los anteriores gobiernos? Desde el Centro Prodh encontramos una compleja mezcla de avances, retrocesos, inquietantes persistencias y derivas inciertas. Vale la pena hacer un corte de caja con una mirada más profunda y más atenta a los matices que lo que permiten los extremos expresados en las redes sociales.
Sin duda la nueva administración ha traído avances impensables hasta hace muy poco. La atención a la catástrofe humanitaria causada por las desapariciones, generalizadas en algunas regiones del país tiene especial relevancia.
Que estos procesos se consoliden puede ser una buena noticia. También lo sería avanzar en la cabal adhesión de México al régimen internacional sobre desapariciones, aceptando la jurisdicción plena del respectivo Comité de la ONU, lo que hasta ahora no ha sucedido pese a que hace más tres meses el presidente instruyó hacerlo. En este ámbito, es vital también que se acrediten resultados con prontitud: legítimamente el nuevo gobierno puede argumentar que heredó una crisis que no ocasionó; empero, las víctimas responderán con incluso mayor legitimidad que han esperado ya demasiado tiempo. Los tiempos de las víctimas no son los tiempos de los gobiernos y, si no se actúa con más celeridad, los desencuentros con los colectivos se pueden multiplicar.
Por otro lado, hay que decir que también se han adoptado medidas en la dirección contraria a la que habríamos esperado. Por un lado, se adoptó una política migratoria basada en un enfoque de seguridad que ha aumentado las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes y que indirectamente ha desatado preocupantes expresiones sociales de xenofobia. Por otro lado, se concentró la estrategia de seguridad en un cuerpo como la Guardia Nacional, que nació marcada con el sello castrense, ha profundizado la participación en la vida pública de las Fuerzas Armadas.