Una estrecha relación debe existir entre el diseño y la evaluación de la política migratoria. Los retos principales no pasan solo por incidir en el marco normativo que rige el tema sino pedir que la política se aleje de los prejuicios y se acerque a la evidencia. Para muestra un par de botones: menores migrante que no encuentran alternativa a la detención y que siguen siendo expulsados por los contextos de violencia generalizada en Mesoamérica y una marcada externalización de frontera que somete a México a intercambiar migrantes por aranceles.
En la lógica de una verdadera gobernanza migratoria hay que considerar las causas estructurales de las migraciones contemporáneas, promover los regímenes o espacios de libre circulación sobre todo de carácter laboral que permitan aumentar las oportunidades de trabajo digno sin discriminación y, finalmente promover el ejercicio de una ciudadanía plena no importando el país en el que una persona se encuentre.
Órganos consultivos de las dependencias de la administración pública federal encargadas de atender a la población migrante han contribuido corresponsablemente en el seguimiento a los programas implementados por el Instituto Nacional de Migración (INM). En estos espacios colegiados se ha dialogado con organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia para encontrar alternativas a políticas migratorias que privilegian un sistema detención-deportación sobre una serie de medidas coordinadas intersectorialmente y en múltiples niveles de gobierno. Lamentablemente la realidad y una narrativa dominante que considera al migrante como ese “otro” que amenaza el bienestar de nuestra sociedad se imponen. La evaluación de las políticas migratorias implementadas por nuestro país puede ofrecer lecciones a otros países con condiciones geopolíticas comparables e intercambiar buenas prácticas basadas en evidencia que muestren que otra forma de diseñar políticas migratorias es posible.