- De enero de 2005 a mayo de 2010 se han registrado 147 asesinatos de mujeres de acuerdo a la relación entre población y número de casos.
- El Estado no es inocente ante ello: la realidad lo condena por la falta de acciones de prevención y acceso a la justicia para las víctimas y familiares.
El feminicidio es una de las expresiones más contundentes de la violencia en Tabasco y en México. Esta situación en dicho estado, tan delicada y asfixiante, es poco conocida a profundidad. Aparece apenas en la nota roja como noticias desarticuladas y sangrientas. Es por ello que el Centro de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) presenta a continuación la información arrojada en su investigación sobre los feminicidios de su entidad.
A raíz de la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez, se comienza hablar del feminicidio en los medios de comunicación y a cobrar importancia debido a los patrones comunes que presentaban las mujeres asesinadas; previamente a su muerte fueron torturadas, violadas y muchas de ellas sufrieron mutilación.
No sólo en Ciudad Juárez las mujeres son víctimas de asesinato. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) reporta que en 2007, de las 21 entidades federativas que han rendido información sobre asesinatos a mujeres, el primer lugar lo ocupa el Estado de México con 161 homicidios, seguido por Michoacán con 86, Veracruz con 66, Guerrero con 60, Baja California con 50, Sinaloa con 47 y Tabasco con 38, entre otros. Es necesario precisar que Chihuahua no brindó información.
En los casos de feminicidio se encuentra la ineficiencia e indiferencia en la resolución y esclarecimiento de los crímenes. Un ejemplo es el de Rosa Cecilia, quien fue asesinada por su esposo. A casi tres años del crimen, las autoridades aún no lo esclarecen, ni tampoco se ha abierto alguna investigación por homicidio calificado en contra de Ricardo Pérez Alejandro, ex director del DIF de Paraíso. El Estado también ha dado muestras de brindar inmunidad a los asesinos, sobre todo donde están involucrados funcionarios públicos. En el afán por mostrar justicia ante los reclamos de la sociedad, se ha inculpado a personas inocentes, como sucedió en el caso de Ana Monserrat, quien murió quemada también a manos de su esposo.
Es importante subrayar que tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco (PGJE) y PGR, autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, no reconocen el feminicidio y mucho menos lo aplican porque no se han hecho las reformas necesarias a los códigos correspondientes para integrar todo lo relacionado a dicho término, aún cuando existe la Ley General y Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LEAMVLV).
El hecho de que las dependencias de impartición de justicia no consideren aún el término feminicidio, indica que existe una permisividad al agresor por parte del Estado, por un lado, y falta de interés del ejecutivo y legislativo por hacer una adecuación al código penal que lo tipifique como delito, aún cuando los asesinatos están ocurriendo con más saña. Tal es el caso del triple homicidio suscitado en el municipio de Cárdenas en mayo de 2010, donde tres jóvenes fueron torturadas y una de ellas sufrió violación antes de ser asesinada. Otro caso muy grave es el de Edith Valladares, a quien mató el hombre con quien ella se negó a sostener relaciones sexuales.
De 2005 a 2010 ocurrieron 130 homicidios dolosos de mujeres y 17 homicidios simples. La autoridad actúa muy lento en la impartición de justicia; reconocen que sólo logran resolver el 33% de los casos y que el proceso depende de la forma en cómo se de la integración de los mismos.
De los asesinatos ocurridos en 2008, se pueden ubicar al menos 12 casos con características de feminicidio; 14 en 2009 (entre ellos dos menores) y 7 hasta mayo de 2010. La edad de las mujeres oscila entre 20 y 40 años. Los municipios donde más ocurrieron asesinatos según las estadísticas registradas por CODEHUTAB son: Centro, Cunduacán, Centla y Huimanguillo.
El vacío de las leyes contribuye, en primer lugar, a reforzar el silencio y el olvido en beneficio de los agresores, asesinos y torturadores para seguir cometiendo todo tipo de actos violentos contra las mujeres, ya que no hay castigo para ellos. En segundo, no hay una política integral que vaya encaminada a erradicar la violencia contra las mujeres.
Ante esta situación, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco propone:
- Que el Instituto Estatal de la Mujer de Tabasco (IEM) cree un área de investigación o trabajo social que se encargue de realizar diagnósticos sobre las causas estructurales que generan la inequidad de género para elaborar líneas de acción estratégicas encaminadas a disminuir y erradicar la violencia de género.
- Que las Direcciones de Atención a las Mujeres (DAMs) cuenten con un cuerpo de abogadas y abogados suficientes para no sólo reducir el servicio a simples asesorías, y asuman la representación legal de las víctimas ante la procuraduría y ante los juzgados.
- Que el Congreso del estado de Tabasco, a la brevedad, realice las modificaciones a los códigos civil y penal que aseguren a la mujer una vida libre de toda violencia.
- Que el IEM, con las facultades que le corresponde tome cartas en el asunto y le haga llegar al Congreso, las modificaciones de reformas que se deben de hacer a los códigos para que a la brevedad se garantice el estricto cumplimiento de la LEAMVLV.
- Que la Procuraduría cree, al menos en las cabeceras municipales de Tabasco, una Agencia especializada de delitos contra la mujer.
- Que el IEM, el DIF, las DAM’s se articulen con las dependencias encargadas de impartición de justicia para capacitar al personal que atiende a las mujeres que son víctimas de violencia.
- Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dé un seguimiento puntual a las detenciones de supuestos agresores para que se castigue a los agresores y no a “chivos expiatorios” y promueva campañas periódicas para que las mujeres presenten su queja cuando la autoridad se niegue a tomar su denuncia por violencia.
- Que la CEDH haga público el total de casos en los que las autoridades impartidoras de justicia han entorpecido el proceso de denuncia.
Si el Estado continúa permitiendo esta expresión cruda de la violencia tanto familiar como institucional, estará siendo cómplice de la multiplicación de la violencia y de los asesinatos cometidos contra mujeres en el estado de Tabasco; por lo tanto, lo responsabilizamos de todas las violaciones que se deriven de su falta de interés.