Ya hemos dado cuenta de que en los últimos meses asistimos a un endurecimiento de las políticas migratorias por parte del Gobierno ante la presión norteamericana; y, en contraste, a un incontenible movimiento de personas que de forma continua están tratando de ingresar a territorio nacional provenientes de Centro y Sudamérica, África y el Caribe, que huyen -sí, huyen- de sus países ante la franca persecución que sufren por fenómenos de violencia generalizada, lo que debería de llamar en serio la atención de la comunidad internacional para intentar ofrecer salidas dignas en una responsabilidad compartida.
Ahora resulta que el endurecimiento se recrudece en el rechazo de los migrantes en los aeropuertos. Mediante un operativo invisible y que emula una detención subrepticia y clandestina, se aísla a los potenciales solicitantes de asilo en las terminales aéreas, un acto de autoridad contrario a nuestras obligaciones internacionales.
El trabajo de la Clínica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana nos ha permitido observar este modo de proceder destinado a regresar de manera inmediata, sin garantías judiciales, sin acceso a una representación jurídica y en una situación de absoluta incomunicación a cientos de personas que buscan llegar a territorio nacional de manera regular para poder solicitar asilo y obtener, en su caso, la condición de personas refugiadas.