Son varias las declaraciones que ha hecho el presidente a propósito de prohibir el fracking o fracturación hidráulica en México. En varias de sus conferencias de prensa matutinas ha señalado que esta práctica no se realizará en México e inclusive que ya está prohibida. Las declaraciones están sin duda, basadas en la convicción y buena fe del presidente, pero la realidad es que las instituciones del Ejecutivo y del poder Legislativo apuntan a otra dirección: en México se realiza fracking y hay planes para continuar haciéndolo, lo anterior pese al compromiso hecho por el presidente.
Actualmente hay dos proyectos: Aceite Terciario del Golfo y Aceite y Gas en Lutitas, ambos relacionados con la técnica de la fracturación hidráulica que tienen en conjunto $10,837 millones de pesos asignados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año 2020. Estos recursos equivalen al 82% del recurso destinado a protección ambiental.
Es un hecho que sin una prohibición legal del fracking no hay manera de impedir que se perforen y fracturen pozos para extraer hidrocarburos que requieren el uso de esta técnica. En el legislativo, las iniciativas están atoradas, pero si verdaderamente el presidente quiere evitar esta práctica, tiene toda la facultad para enviar un decreto de suspensión inmediata que permita poner fin al fracking en el país.