Si consideramos las cifras mencionadas y el papel del crimen organizado y su poderío ascendente visibilizado en Culiacán, y los insertamos en contextos de complicidad del Estado, podemos dar cuenta de la pertinencia de un concepto como el de macrocriminalidad para el análisis de la crisis de violencia en el país. Este concepto, proveniente de la dogmática alemana –con autores como Kai Ambos–, parte de la existencia de entornos de realidad más complejos, en donde empresas criminales tienen control territorial sobre zonas enteras debido a que suman poder armado, más poder económico, más poder político. Se trata de las redes ilícitas de poder que cooptan tanto al Estado y sus instituciones como a entes privados, principalmente económicos y financieros.
Así, hablar de macrocriminalidad en México nos remite a dos posibilidades: una institucionalidad frágil, debilitada por las redes ilícitas de poder, o un Estado tomado, cooptado por las mismas redes, es decir, una institucionalidad que es parte del crimen organizado. El crimen organizado se ha vuelto, desde varios años atrás, una estructura de poder que ha tomado distintas territorialidades bajo su dominio y desde ahí ha ejercido y ampliado su control; hechos como los de Culiacán son expresión de ese poder.
La macrocriminalidad en México sitia una ciudad entera, libera 55 reos del penal, infunde pánico generalizado y negocia la libertad de los criminales. Después de la conferencia mañanera sobre seguridad, tres días bastaron para recordar que el crimen organizado en México ejerce poder sobre varios asuntos de la vida pública. A una semana de los hechos, quedan abiertas las heridas de un pueblo que sangra desde hace 13 años y muchas dudas respecto al papel de las instituciones y el Estado ante el crimen organizado, la efectividad de la nueva estrategia de seguridad y el futuro del país en medio de una guerra que no ha cesado.