Existe evidencia robusta que apunta a que el despliegue de las fuerzas armadas para realizar tareas propias de policías trae consigo una mayor probabilidad de violaciones a los derechos humanos, entre otras afectaciones. Además, existen variaciones importantes en algunas fuentes de información que nos obligan a considerar nuevas hipótesis y rutas de investigación para plantear mejores alternativas para la pacificación del país.
Adicionalmente, es necesario también considerar los efectos de la militarización indirecta; es decir, de las posibles transformaciones de las policías hacia lógicas de operación militar producto de la interacción con militares en tareas conjuntas, así como de la incorporación de militares a las corporaciones policiales, ya sea como secretarios, directores, instructores o policías rasos.
La reiterada apuesta a la militarización, es decir, el abuso de nuestras instituciones castrenses para atender temas que no deberían atender, no funciona. Y tampoco es verdad que el país no tenga opciones. Tenemos las suficientes capacidades para crear instituciones civiles eficaces. Por lo visto, el déficit está en otra parte. ¿Quizá en la voluntad política y en la aptitud de quienes nos gobiernan?