Liliana Zaragoza/Centro Prodh
El pasado 26 de agosto, en el marco de la presentación editorial de cinco libros del Proyecto Presunción de Inocencia en México de Open Society Justice Iniciative, se llevó a cabo una tarde de páneles bajo el nombre: “Violar la presunción de inocencia ¿cuánto cuesta? Insumos para un México con Justicia”, en la Casa del Risco de la Ciudad de México.
Alberta y Teresa, mujeres ñhañhú de Querétaro, presentaron sus testimonios, acompañadas de Gabriel, esposo de Teresa, y Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con la moderación de Carlos Puig, periodista de W Radio.
Los hechos
El representante del Centro Prodh narró cómo el 26 de marzo de 2006, seis agentes federales de investigación (AFIs) llegaron al poblado de Santiago Mezquititlán, Querétaro, al tianguis dominical, en el que estas personas realizaron una serie de hostigamientos, abusos y daños contra el pueblo; no estaban en servicio ni uniformados. Entre los puestos, estaba el que atendía Gabriel -esposo de Teresa y hermano de Alberta- y ellas le ayudaban.
Los habitantes comenzaron a manifestar su molestia y exigir la reparación de los daños puesto que los agentes ocasionaron destrozos y maltrato de mercancías. Por ello, Alberta y Teresa fueron acusadas de secuestro: se dijo que habían retenido, secuestrado y pedido el rescate de seis Agentes Federales de Investigación, quienes por cierto, estaban armados. El Centro Prodh asumió la defensa de las mujeres acusadas y sentenciadas por los hechos: primero de Jacinta y luego de Alberta y Teresa.
En septiembre de 2009, Jacinta obtuvo su libertad. La Procuraduría General de la República mandó conclusiones no acusatorias. Siguió el caso de Alberta y Teresa, quienes permanecían los mismos días en prisión; el Prodh asumió su defensa después de la segunda sentencia del juez Rodolfo Pedraza del IV Distrito del Estado de Querétaro, mismo que es conocido por el Centro por casos de criminalización como el de la señora Conchi, que fue encarcelada por ofrecer agua para beber a migrantes centroamericanos.
Sus días contados desde adentro
Puig preguntó a Alberta y Teresa, a quienes sarcásticamente llamó “las mujeres más peligrosas de México”, cómo fueron esos años de cárcel y cómo se vive adentro. Alberta comentó que cuesta mucho estar en la cárcel, por el pago al abogado, los gastos que se generan dentro y el traslado para que su familia llegara al reclusorio, a 2 horas de su casa.
Teresa habló sobre sus compañeras en el Cereso: las que se mostraron solidarias desde el principio y las que las discriminaron por ser indígenas, cosa que se fue modificando con el tiempo. Hizo hincapié en cómo muchas siguen adentro y están pagando por cosas de las que fueron inculpadas y no cometieron, tal como les sucedió a ellas, como el caso de una mujer también indígena de un pueblo cercano al suyo que tenía a su niña adentro. Teresa ingresó a prisión con 8 meses y medio de embarazo. Permanecieron ahí 3 años y 8 meses.
Sobre estar privadas de su libertad, cuenta que no le podían decir a sus familias que no estaban bien; incluso, cuando las visitaban diputados y otras personas, ella les decía: “como quisiera que ustedes tan sólo un día pasaran aquí para que vieran lo que nosotras sufrimos de estar adentro, porque no es sólo estar ahí sino que es no estar con nuestras familias”, y agregó que varios sólo las iban a ver para ganar posición afuera. El tiempo que ahí pasaron perdieron a varias personas que querían mucho y de las que nunca pudieron despedirse.
Gabriel contó sobre la experiencia de tener a su familia en la cárcel: “Se venía el día de visita y uno se preguntaba: ¿Cómo le haré hoy? ¿Dónde sacaré dinero para visitarlas? ¿Dónde conseguiré un trabajo? Porque tienes que tener uno temporal para poder ir de arriba para abajo. ¿Cómo tocar puertas si nadie te las abre? Eso fue muy difícil.”
Su liberación
La Suprema Corte llevó el caso de estas mujeres a la primera sala. El 28 de abril de 2010 fueron absueltas de todos los cargos y desde ese día gozan de su libertad.
“El regreso ha sido difícil, sobre todo por la adaptación al pueblo, volver a trabajar y pagar lo que debemos mientras estuvimos en la cárcel” dijo Alberta, mientras que Teresa habló sobre las familias: “cuando estábamos allá, les preguntábamos que cuánto gastaban y se quedaban callados porque no querían preocuparnos”; fue aún más complicado para ella por tener a su hija pequeña creciendo a su lado, encerrada.
La reparación del daño
Nula. Así es como denuncia Andrés Díaz a esta cultura de la que carece México. Más en casos en los que hubo un error judicial o proceso penal; en el de Alberta y Teresa, aún no la hay por resultar finalmente absueltas. Afirma que fueron dos sentencias: “no solamente la injusta averiguación previa por parte del Ministerio Público, de la Federación y los AFIs, sino dos sentencias que el juez consideró diciendo: -bueno, sí hay elementos para que haya un delito de secuestro y ellas son responsables-, con lo cual la Suprema Corte en su primera sala tuvo que enmendar la plana.”
El Centro Prodh intentará la reparación mediante el recurso de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que entró en vigor en 2005 y se ha tenido reformas hasta el 2009. “No sólo se acota a la cuestión monetaria; una reparación debida al daño debe contemplar la investigación y sanción a los responsables que hicieron estas violaciones a los derechos humanos y también que se empape la ley de la presunción de inocencia”, concluyó el abogado.