Para la nueva Fiscalía General de la República (FGR) el caso Ayotzinapa es la medida de todas las cosas. Si esa tragedia se aleja del océano de impunidad en el que se encuentra, esa institución obtendrá credibilidad y prestigio. En revancha, si nada se resuelve, el descrédito de la anterior Procuraduría General de la República (PGR) caerá como pesada avalancha sobre la dependencia naciente.
Aunque buena parte de la culpa de esta liberación la tiene la vieja PGR, otro tanto de responsabilidad es imputable a la nueva Fiscalía. Tanto Gilberto Higuera Bernal como Alejandro Gertz restaron importancia a una pieza de evidencia que debió haber ocupado un papel principal a favor de las víctimas de Ayotzinapa.
El mayor error cometido por el procurador Higuera fue no haber relacionado este valiosísimo material en la causa seguida en México, entre otros, en contra de Gildardo López Astudillo por crimen organizado (123/2014).
Si los testimonios autoinculpatorios se desmoronaron por haber sido obtenidos bajo tortura, estas transcripciones hubieran solventado los vicios del proceso. Pero la PGR olvidó incluir tal evidencia fundamental. López Astudillo salió absuelto del delito de crimen organizado por esta negligencia.
En noviembre de 2018 la PGR presentó algunas de esas transcripciones al juez Ventura, para sustentar la acusación por secuestro (66/2015), pero el Ministerio Público fue avaro a la hora de exponer la relevancia que esa evidencia tenía para el caso: acompañó esos documentos enviados por la autoridad estadounidense con un párrafo de 60 palabras que dice prácticamente nada.
El fiscal Alejandro Gertz Manero debió contrarrestar el mediocre trabajo de sus antecesores con una mejor argumentación ante el juez Ventura. También debió abrir en México un proceso espejo respecto al emprendido por el fiscal Fardon, de Chicago, teniendo como base probatoria la evidencia antes referida. Sin temor al equívoco: de haberlo hecho así López Astudillo seguiría tras las rejas.
Hay una manera de evitar que el resto de la banda criminal Guerreros Unidos logre escapar del castigo que merece. La FGR debería enderezar el caso a partir del trabajo que ya se hizo en Illinois con la causa 14 CR 705.