- Los efectos de la nociva política migratoria del Estado mexicano y la falta de prevención de las actividades ilícitas cometidas en su agravio.
México, D.F., 25 de agosto de 2010
El día 24 de agosto fueron masacradas 72 personas migrantes sin documentos -58 hombres y 14 mujeres- en un rancho ubicado a las afueras del municipio de San Fernando, Tamaulipas. Según la información consignada en diversos medios de comunicación, a partir del testimonio brindado por uno de los sobrevivientes de origen ecuatoriano, se ha corroborado que 75 personas migrantes indocumentadas de diversos países de Centro y Sudamérica, quienes se dirigían hacia la frontera norte del país, fueron plagiadas por una célula de la delincuencia organizada; trasladadas a una finca y acribilladas por negarse a ser extorsionadas y reclutadas por parte de los criminales.
Por los frecuentes testimonios de las personas migrantes víctimas de secuestro, que desde hace mas de dos años y medio distintas organizaciones de la sociedad civil hemos venido documentando y denunciando, podemos afirmar que la masacre cometida en contra de 58 hombres y 14 mujeres en situación migratoria irregular no es un suceso aislado. Es una muestra clara de cómo se agudiza la violencia ejercida en contra de los y las migrantes por parte de agentes del Estado y particulares. En este y en otros casos, hemos constatado como las acciones de secuestro a personas migrantes se dirigen no sólo a solicitar rescate sino a someterlos a condiciones de explotación laboral y sexual, y para fines ilícitos.
Cabe señalar que el delito de secuestro cometido contra migrantes es un hecho grave que se suma a los abusos perpetrados tanto por servidores públicos, como por miembros de la delincuencia organizada y común. Estas violaciones sistemáticas a los derechos de las personas migrantes son consecuencia de la falta de enfoque de derechos humanos en la política migratoria; la precariedad institucional; la criminalización de facto de la migración en situación irregular; y la corrupción y la impunidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Hasta la fecha, la respuesta que el gobierno federal ha brindado sobre la temática, se ha limitado a un informe enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que intenta negar la dimensión de la tragedia. Sin embargo, esta postura contrasta con las recientes declaraciones del vocero de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, en el sentido de que el gobierno federal tiene conocimiento del delito de secuestro a migrantes y de los fines para los cuales el crimen organizado utiliza a esta vulnerable población. En relación a estos indignantes hechos que marcarán infamemente en la historia de este país, el mencionado funcionario trata de disminuir la magnitud de la masacre afirmando que es una muestra de que la delincuencia organizada esta siendo golpeada por el gobierno. Una vez más, las vidas de las personas migrantes pasan a segundo término cuando se trata de justificar la ineficacia y negligencia gubernamental.
Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes reprobamos y condenamos aquellas situaciones que violan los derechos humanos de las personas migrantes y atentan contra su vida, su dignidad y su seguridad; en concreto, estos hechos criminales alentados por la negligencia del Estado en los que perdieran la vida 72 personas migrantes. Por lo tanto:
Exigimos al Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, que reconozca la tragedia del secuestro sistemático a personas migrantes y en concordancia con ello, impulse una agenda de trabajo interinstitucional con enfoque de derechos humanos, encaminada a terminar con la problemática.
Demandamos a la titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López Reyna, atienda la solicitud del Relator para Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González, de realizar una visita in loco a territorio mexicano, con el objetivo de observar las condiciones del tránsito de las personas migrantes.
Exigimos a la Comisionada, Cecilia Romero Castillo, y al delegado regional de Tamaulipas, Aurelio Gerardo Alamán Bueno, del Instituto Nacional de Migración, que velen por la protección de la víctima y por una justa reparación del daño. Asimismo, que garanticen a todas las víctimas extranjeras el derecho a la notificación consular ;
Exigimos a las autoridades ministeriales que dicten todas las medidas precautorias encaminadas a salvaguardar la vida de la víctima y que procedan con celeridad en la investigación de los hechos; el reconocimiento de los cuerpos; y la persecución y aprehensión de los responsables con la finalidad de garantizar un pronto acceso a la justicia;
Solicitamos al V Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fernando Batista, que tome conocimiento de los graves hechos sucedidos y salvaguarde los derechos humanos de la víctima;
Manifestamos la urgente necesidad de modificar el enfoque actual de la política migratoria cuya consecuencia es la perpetuación de la violencia, la sistemática generación de víctimas invisibles y, como en este caso, la masacre de 72 persona;
Las organizaciones firmantes y peticionarias ante la CIDH son:
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Casa del Migrante de Saltillo, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, la Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana, el Servicio Jesuita a Migrantes México, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y el Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios. Apoya el pronunciamiento el Centro de Derechos Humanos del Migrante.sa de la Corte desde el 16 de diciembre de 1998.