Representantes de los Comités Cuenca Río Sonora, respaldados por nueve organizaciones civiles, exigieron a los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) fallar a favor de los municipios aledaños a los ríos Sonora y Bacanuchi reabriendo el Fideicomiso Río Sonora, el cual fue cerrado en 2017 por decisión unilateral del Gobierno federal sin aún haber remediado los daños del peor desastre ambiental de la industria minera.
El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, propiedad del segundo hombre más rico del país Germán Larrea Mota Velasco, derramó 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, lo que afectó a 22 mil personas de los municipios Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.
“Han sido cinco años de angustia, de incertidumbre sobre el agua, de enfermedades, de nuestros animales muertos”, dijo Irene, de Bacanuchi. “No se puede sembrar, los árboles se secan y se produce menos”.
*Con imagen de Project PODER e información de Sin Embargo
