El caso del joven tlahuica Misael Zamora desnuda de cuerpo entero cómo se sigue usando al sistema penal para castigar a quienes afectan intereses de los grupos de poder (criminales y gubernamentales), que pretenden hacer ganancias ilegalmente a costa de la devastación de la tierra. Al mismo tiempo, su historia es un urgente llamado para que todas las personas podamos defender a quienes defienden los recursos naturales y enviar así un mensaje de que esta sociedad no permitirá este tipo de ataques nunca más.
Con un empeño y una valentía muy particular, la familia Zamora ha documentado la tala ilegal, ha iniciado denuncias , ha insistido en que las autoridades -entre ellas, algunas que hoy lo acusan- cumplan con sus obligaciones de vigilancia y realicen operativos y ha empujado campañas de reforestación. Sin embargo, el precio ha sido alto: Aldo, el hermano mayor, fue asesinado por talamontes en 2007. Don Ildefonso, el padre, fue encarcelado por un robo inexistente en 2015 y ahora Misael -quien tomó el lugar de su padre, afectado en su salud por la estancia de nueve meses en la prisión- enfrenta un proceso penal fabricado, acusado burdamente por tala ilegal.
La defensa de Misael, representada por el Centro Prodh, ha insistido en que los datos de prueba con los que vincularon a este joven defensor al proceso penal surgieron en un contexto de violaciones a derechos humanos y no demuestran ni que haya existido el supuesto delito ni que Misael estuviera vinculado a él. La esperanza de la familia está puesta ahora en que un juez de amparo pueda frenar las evidentes irregularidades que se están cometiendo nuevamente en su contra. O que la Fiscalía desista de llevar adelante este proceso que le podría acarrear 20 años de cárcel injusta a un joven indígena que no ha cesado en su defensa de la tierra.