El pueblo yaqui se siente extranjero en su propio país. Las leyes tradicionales de los yaquis indican que, si uno solo de ellos se opone a un proyecto o situación, deberá buscarse un consenso, no la opinión de una mayoría para efectuarlo.
Así, la «compra de voluntades» ejecutada por personal de la empresa IEnova, de acuerdo con los líderes indígenas, mediante la utilización de los propios habitantes yaquis como «vigilantes» de distintos tramos del gasoducto, constituiría un daño a la unidad de la etnia; así como la ausencia de una consulta previa, informada, indicada en el derecho internacional de las comunidades indígenas de acuerdo en el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Juzgado Séptimo de Distrito falló a favor de la empresas IEnova, filial de Sempra Energy, para la construcción del gasoducto Aguaprieta el 12 de julio del 2019. Presumiblemente, la resolución constituye una afectación directa a los integrantes de la tribu Yaqui asentados en La Loma de Bácum, Sonora, que buscan la preservación integral de sus tierras.
Ni el Estado mexicano ni el Gobierno de Sonora buscan resguardar los derechos de la tribu yaqui, ya que una corporación violó la integridad del territorio, conformado por más de 485 mil hectáreas, distribuidas entre un aproximado de 35 mil yaquis en ocho poblaciones, externó Carlón: «Podemos decir que esta no es la primera demanda que hace la tribu yaqui; también en el caso del acueducto y el caso de la expropiación y en todo lo que ha sido es sobre el poder, esta vez creíamos que iba a ser diferente. Siempre, cada vez, hay una esperanza en el sistema de justicia de que nos iban a dar la razón, porque tenemos todos los elementos, pero al final siempre comprobamos que la justicia es para quien puede pagarla».
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