Como nunca en la historia de nuestro país, se están realizando consultas a los pueblos y comunidades indígenas por el gobierno federal.
Como nunca este derecho se ha trivializado. Las autoridades responsables de ellas, sea la Secretaría de Hacienda, la de Gobernación o la de Energía, siempre con el acompañamiento del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no se han tomado ni se toman la molestia de guardar las formas. No son, pues, en estricto sentido, una consulta a los pueblos y comunidades con derechos, sino una forma de recoger opiniones sobre el tema de la población en general, lo cual no puede ser vinculante y nadie podrá alegar que no se recogen sus propuestas.
Además, se consulta lo que ya se sabe. No se trata de tomar determinaciones con relación a lo que opinen los pueblos y comunidades indígenas, sino de legitimar lo que de antemano se ha decidido.
Por eso muchos se abstienen de participar. Pero hay otros que aun así han decidido hacerlo porque, dicen, no se puede dejar el espacio para que las autoridades y sus seguidores hagan lo que quieran, sienten que, aunque amañadas, en las consultas debe quedar el sentir de los pueblos.
Los pueblos y comunidades indígenas, igual que sus representantes, deben estar conscientes que con los vicios de origen de la convocatoria es probable que sus propuestas no queden bien plasmadas, pero si quedaran todavía falta saber cómo se van a procesar los resultados para la elaboración de la propuesta de reforma y, más importante todavía, quién la va a operar para que se apruebe. En lo que va del nuevo gobierno se han presentado alrededor de una docena de iniciativas para reconocer derechos indígenas y ninguna ha sido aprobada; unas ya fueron desechadas, mientras otras se resolvieron negativamente y unas más no han sido dictaminadas, lo que demuestra que los derechos indígenas no son una prioridad para el Poder Legislativo.