Jorge Arzave, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación de Vecinos Propositivos por Lomas de San Francisco Tepojaco, organización dedicada a defender los derechos de vivienda y medio ambiente, accedió a una entrevista telefónica con Javier Solórzano en su noticiario Radio Trece la mañana del día de hoy.
Solórzano inicia la conversación al exponer que ha habido un conjunto de casos en todo el país, pero en el Estado de México no queda muy claro, qué es lo que pasa cuando hombres y mujeres se dedican a los derechos del medio ambiente, derechos humanos, etcétera. ¿Has recibido amenazas, qué ha ocurrido contigo, en qué situación te encuentras y con qué autoridades has podido hablar?
Hasta ahora las autoridades no se han acercado a él, señala; sólo existe contacto con uno de los regidores del municipio, pero ni las autoridades municipales ni las del Estado de México han tomado contacto a pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México ya solicitó la intervención de las autoridades para tomar algunas medidas. Ya había tenido algún hostigamiento por parte de la Secretaría Federal de Gobierno, mismo que la oficina del representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló y con ello se fue el hostigamiento, pero es la primera vez que recibe amenazas.
¿Qué es lo que ha hecho Jorge Arzave para que se generen reacciones de este tipo?
El defensor explica que se trata de un complejo urbano de alrededor de 11,301 viviendas en la que viven 45, 000 personas y que se construyó en un lugar en el que el terreno no preparado para ello; tienen un relleno sanitario a cielo abierto que pertenece al municipio y lo tienen a 280m, que les ha causado muchos problemas de salud. Los titulares del fraccionamiento son industriales allegados al gobernador. Las condiciones de Lomas son deplorables. El Instituto Politécnico ha apoyado con estudios geológicos y Protección Civil con dictámenes entre los cuales se declara a la zona como zona de riesgo inminente. Esto ya salió a lo público a través de los medios de comunicación.
La demanda ante el ministerio público se está realizando en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. También la oficina de Derechos Humanos del DF, periodistas y compañeros de otras organizaciones se han acercado en solidaridad con el caso.
Solórzano plantea que para que no pase por alto esta situación, hay que mantenerla en lo público. Se comprometió a seguir en contacto para ver cómo se van dando los hechos. En este momento está en la mano la posibilidad de una solución y un compromiso de intercambio de opiniones y de diálogo.