En las pasadas dos semanas se han dado acontecimientos relevantes vinculados con las fuerzas armadas. Uno de ellos, por supuesto, es el lanzamiento de la Guardia Nacional como una de las máximas apuestas del gobierno de la 4T, que pone en el centro al Ejército y la Marina como los pilares de la nueva corporación que tiene como principal mandato pacificar el país.
Junto con ello, el 30 junio se cumplió el quinto aniversario de una de las vergüenzas más emblemáticas del gobierno de Enrique Peña Nieto: la denominada masacre de Tlatlaya, cuando una patrulla militar hizo justicia por propia mano y por lo menos de 12 a 15 personas que ya se encontraban bajo su disposición fueron ejecutadas.
En los anteriores dos sexenios el Ejército no ha sido llamado a la rendición de cuentas. Los gobiernos de Peña Nieto y Enrique Calderón asignaron a las fuerzas armadas papeles protagónicos que los llevaron a tener en la vía de los hechos preponderancia incluso sobre el poder civil. Hoy la interrogante es qué tanto el estado de cosas ha cambiado a un año de la 4T. Las fuerzas armadas son los pilares de la nueva Guardia Nacional e incluso se les han brindado funciones como coordinar el programa de pipas que salió al paso frente al desabasto de combustible o la propia construcción de obras como lo es el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
Esperemos que ese papel protagónico en la vida política de la nación que siguen teniendo militares y marinos no sea óbice para que el Ejército sea llamado a la rendición de cuentas en historias que han marcado nuestro país como lo es Ayotzinapa y la propia ejecución sumaria de Tlatlaya.
Esperamos que se hagan realidad las palabras de AMLO, tanto en el sentido de que la nueva Guardia Nacional no violará derechos humanos como en lo dicho por el propio Presidente en el Zócalo en el sentido de que este gobierno no descansará hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa
. En efecto, en buena medida eso depende de su comandante supremo.