En las últimas semanas, la arbitrariedad y la falta de transparencia en la asignación de la publicidad oficial a medios fueron temas que volvieron a la discusión. La lista que hace referencia a una serie de periodistas y medios de comunicación que se beneficiaron con recursos públicos (1,081 mdp) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que el periódico Reforma publicó, pone en relieve una discusión inacabada en la que requerimos profundizar.
En principio, hay que decir que el primer problema que la lista esboza tiene que ver con un contexto de opacidad histórica del gasto y de falta de accesibilidad a la información. El segundo problema deriva de la arbitrariedad y discrecionalidad con la que se ejerce el gasto.
Los cuestionamientos respecto a la lista nos demuestran que es necesario replantear la actual relación entre la prensa y el gobierno, pues si bien los cambios que se han realizado a través de los lineamientos y la política de comunicación social del gobierno federal son positivos, también hay que reconocer que son insuficientes, pues el ejercicio arbitrario del gasto que hoy existe no es exclusivo de un partido, del gobierno federal o de la administración pública, está en todos lados.
El contexto actual de las cosas requiere que la Ley General de Comunicación Social sea abrogada y así dar inicio a una nueva discusión legislativa bajo un modelo de parlamento abierto con la iniciativa que el colectivo #MediosLibres presentó en octubre del 2018 (4). Mientras exista una ley que permita el uso arbitrario y discrecional de la publicidad oficial, que no contemple sanciones ni topes presupuestarios, seguirá existiendo el condicionamiento de las líneas editoriales, la asfixia financiera, el premio y el castigo a los medios, la censura; y por el contrario, la democratización de los medios y la pluralidad informativa no serán posibles.