Coincidiendo con la aprobación de las leyes de uso de la fuerza, de registro de detenciones y orgánica de la Guardia Nacional, así como las reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, los pasados 21 y 22 de mayo se realizó la Segunda Conferencia Internacional “Seguridad Ciudadana: La vía civil” , un espacio en el que personas expertas de siete países reflexionamos sobre el paradigma militar y su impacto en los derechos humanos, así como sobre la necesidad de generar controles sobre la actuación de los elementos de seguridad policiales y militares.
Así, pensamos, un nuevo paradigma de seguridad ciudadana, que ponga en el centro a las personas más vulnerables y a quienes han sido víctimas de la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos, deberá estar necesariamente soportado en los enfoques de prevención y perspectiva de género y en información certera para la toma de decisiones sobre problemáticas y necesidades de cada región, con una inversión decidida en la construcción de instituciones policiales profesionales y orientadas al servicio y protección de la gente.
La puesta en marcha de la Guardia Nacional nos obliga a demandar (y generar) herramientas que hagan que se monitoreen y se cumplan las disposiciones positivas en las leyes recién aprobadas alrededor de este cuerpo de seguridad, así como a intentar subsanar las peligrosas omisiones en ellas. De hecho, existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –como aquella del caso de las Mujeres de Atenco– que obligan al Estado a establecer controles civiles robustos tanto internos como externos. Esto es especialmente relevante considerando la histórica contumacia de las autoridades cuando se niegan a la transparencia y a la rendición de cuentas por la actuación de las fuerzas de seguridad policiales y militares.