Tres meses después del asesinato de Samir Flores, activista opuesto a la termoeléctrica de Morelos, no hay avances en la investigación. Su familia no se fía de las autoridades y denuncia que lo mataron por sus posiciones políticas.
“No confío nada en las autoridades. Esto parece que va a quedar impune. ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas madres buscan a sus hijos desaparecidos? Empezando por los 43 de Ayotzinapa. ¿Cuántos años pasaron y no hay justicia ni nada? Nos pasó esto y puede quedar así, igual, como ocurrió en muchos otros casos”.
Liliana Velásquez Fuentes tiene 36 años y es viuda de Samir. Es 16 de mayo y la mujer se encuentra en Huexca, que conmemora el séptimo aniversario del inicio de las protestas contra el Plan Integral Morelos, un proyecto de termoeléctrica y gasoducto que ha enfrentado una fuerte oposición en la zona. En la plaza, algunas pancartas recuerdan al activista fallecido y exigen justicia. Aunque su esposa no tiene fe en que algún día pueda saber quién lo mató.
“No hemos visto respuestas ni avances, la carpeta sigue igual”, dice la Velásquez. “Cometieron muchos errores”, dice sobre la Fiscalía.
Samir Flores era campesino, herrero, miembro del Frente en Defensa de la Tierra y del Agua, y fundador de la radio comunitaria Amiltzinko. Su viuda lo tiene claro: cree que lo mataron por oponerse al Plan Integral Morelos. De hecho, el atentado tuvo lugar tres días antes de la consulta promovida por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el proyecto. Con un 59.5% se impusieron los partidarios del proyecto. No obstante, los opositores han presentado diversos amparos contra la infraestructura y la propia votación. Dos tribunales han admitido recientemente dos de estas quejas, por lo que el resultado de la consulta podría ser cuestionado.
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